1.3.1 Conceptos Generales
Las políticas activas de compliance buscan prevenir las fallas de gobernanza en los gobiernos corporativos mediante la incorporación de procedimientos internos de las empresas con una clara conciencia ética de las actuaciones de sus miembros.
Al analizar las actuaciones empresariales desde una nueva perspectiva, ampliando sus objetivos desde la mera generación de utilidades hacia la creación de valor compartido a la sociedad, o, dicho de otra forma, incorporando un criterio integrador en la participación que la organización empresarial mantiene con su entorno, existen una serie de conceptos que se han ido acuñando en las últimas décadas que, en ocasiones tendemos a confundir: Responsabilidad social empresarial, gobiernos corporativos, ética empresarial y compliance.
Todas estas herramientas son complementarias entre sí, pero van atacando diversos puntos dentro de la gestión y comportamiento empresarial, de esta forma, es posible establecer que: «La responsabilidad corporativa toma en cuenta el amplio rol de la sociedad y el ambiente a la hora de formar las estrategias a largo plazo de una compañía» (Singh & Bussen, 2015, p. 31), por tanto, la aplicación de la responsabilidad social corporativa se orienta hacia la incorporación de actores estratégicos a la planificación de las actuaciones de la organización, como es el caso de los trabajadores, accionistas, proveedores, consumidores y comunidad.
Dentro de los múltiples desafíos que deben ser abordados por los gobiernos corporativos, se considera la participación de los accionistas mayoritarios en la conducción de las sociedades en las que han invertido, lo que ha sido evidenciado por la OCDE al indicar: «Los accionistas con poder de control, que pueden ser personas aisladas, sociedades familiares, alianzas en bloque u otras sociedades que actúan a través de un grupo de empresas o de participaciones cruzadas, pueden influir significativamente en el comportamiento de la sociedad» (Organización para la cooperación y el desarrollo económicos, 2004, p. 12). De tal manera, los principios aplicables al gobierno corporativo de estas organizaciones buscan equiparar las condiciones para los inversionistas minoritarios, evitando malas prácticas que pueden darse desde estos actores, como, asimismo, desde los miembros del directorio y gerencias principales de dichas organizaciones.
Al analizar el gobierno corporativo, nos encontramos con un área bastante regulada dentro de los países de la OCDE, dada la importancia que se reconoce por el mercado a las actuaciones reñidas con la ética que pueden afectar a estas organizaciones, como es el caso de abuso de información privilegiada, manipulación de precios de mercado, adulteración de balances, entre otros, así, queda claro que: «Estas relaciones están sujetas, en parte, a las leyes y reglamentos, pero también a la adaptación voluntaria y, lo que es más importante, a las fuerzas del mercado.» (Organización para la cooperación y el desarrollo económicos, 2004, p. 13).
A considerar que el gobierno corporativo va evolucionando en la medida que los gobiernos nacionales y las normas internacionales modifican la legislación aplicable, teniendo en consideración la transparencia corporativa y la rendición de cuentas (Singh & Bussen, 2015). Estos cambios suelen basarse en casos emblemáticos que dejan al descubierto las falencias del sistema para detectar de manera temprana potenciales fraudes a accionistas o a los Estados.
La ética corporativa por su parte, plantea una forma de actuar ideal para las organizaciones empresariales, que surge de la ética humana, que es definida como: «… un saber normativo que pretende orientar las acciones de los seres humanos» (Martínez Herrera, 2011, p. VII). Siguiendo al autor, la ética así entendida puede ser adaptada para las empresas, mediante la «aplicación de los valores morales y los principios éticos al ámbito específico de la empresa» (Martínez Herrera, 2011, p. VII).
Será la ética empresarial el elemento que, de esta manera, sirva de faro para el establecimiento de un ideal al que deberá orientarse la organización en su comportamiento diario, en su concreción, se basa en los procesos de compliance como una herramienta concreta de fijación de criterios básicos en las actuaciones de la empresa y de los actores que forman parte de ella.
En esta línea de pensamientos, el compliance puede ser definido como: un procedimiento de revisión del cumplimiento de estándares legales o éticos de una empresa, el que puede ser realizado en forma interna o a través de auditorías externas.
Así, la orientación del compliance se basa en las normas que han sido dictadas por el Estado, en el caso de los estándares legales, revisando que las actuaciones de la organización se encuadren dentro del marco legal aplicable, y, por otra parte, de aquellas regulaciones que la misma organización se haya dado, a través de códigos de ética o de autorregulación empresarial, la que puede manifestarse en políticas, procedimientos, instructivos, entre otros.
La aplicación de estas herramientas se convierte en esencial para generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, considerando que múltiples clientes buscan organizaciones que cumplan con sus estándares al momento de determinar potenciales socios comerciales.
Por tanto, la diferenciación entre estos criterios permite complementar los esfuerzos realizados desde diversas unidades de la organización con miras a establecer una conducta empresarial en la línea de lo deseado por sus controladores, sean sus socios o accionistas.