1.3.4 El problema de las externalidades
La dificultad que plantean las externalidades ha sido ampliamente tratada por la ciencia económica, en el entendido de que no es extraño que las consecuencias de un determinado acto afecten a terceros que no son parte de la transacción, generando inequidades respecto de dichos terceros. Podemos entender por externalidad: «un costo o beneficio impuesto o conferido a un individuo o grupo que es ajeno, o externo, a la transacción; en otras palabras, algo que afecta a un tercero» (Case & Fair, 2008, p. 265).
Asimismo, el centro de esta problemática está dado por sus efectos, al crear asimetrías entre los costos y los beneficios que reporta una transacción, tanto privados como sociales. Dicha situación se produce porque los costos asumidos en la transacción no se transfieren adecuadamente en los precios de mercado, dado que los mercados de los factores no los reconocen, lo que hace imposible su traspaso, por lo tanto, la eficiencia económica se vislumbra improbable ante los supuestos antes indicados. «En la medida que el mercado sólo tenga en cuenta los costos y utilidades privados, estaremos en una situación ineficiente, en la que será posible, mediante una reasignación del intercambio o la producción, hacer que al menos un agente mejore su situación sin que ningún otro empeore» (Larroulet & Mochón, 2003, p. 261).
Cada vez que una compañía inicia sus operaciones genera diversas clases de externalidades respecto de la sociedad en la cual se desenvuelve. Positivas, en la creación de trabajo, crecimiento económico, espacios de innovación, etc. Y, negativas, como pueden ser la contaminación, intervención en espacios comunes como carreteras y caminos.
Las externalidades negativas pueden producirse en dos momentos del desarrollo de la actividad, en primer lugar, como consecuencias directas del proceso productivo, caso en el cual la institucionalidad ambiental debe regularlas a través de los procesos de impacto medioambiental. En segundo lugar, cualquier falla tecnológica que sufra la compañía puede redundar en consecuencias adversas para la comunidad cercana al proyecto, éstas deben ser abordadas por el proceso de autorregulación de la empresa, contemplando en sus manuales de procedimientos las potenciales fallas y estableciendo respuestas adecuadas para minimizar con rapidez las molestias al público.
En el contexto nacional hemos podido observar una serie de casos que se encuadran en algunas de estas situaciones. Es posible observar casos, donde, en razón de las consecuencias predecibles por proyectos potenciales, éstos fueron cancelados antes de concretarse, como es el caso punta de Choros, en razón del proyecto Barrancones de la empresa internacional (Suez Energy), donde esta se negó a cambiar la localización del proyecto tras protestas ciudadanas en defensa del santuario de la naturaleza ubicado en la zona (Hervé, 2011). Similar situación se observa en razón del caso Hidroaysén (2008), proyecto dependiente de las empresas Endesa Chile y Colbún S.A., donde la sociedad rechazó fuertemente la relocalización ambiental requerida para la implementación del proyecto.