1.3.5 Requerimientos de nuevas propuestas
Los conflictos que surgen en cada organización se basan en su proceso productivo, del cual se desprenden los riesgos, costos, externalidades, entre otras consecuencias, las que no pueden ser especialmente reguladas por el derecho, el cual está llamado a normar situaciones de general ocurrencia, mas no casos concretos.
En su esencia, las normas jurídicas corresponden a mandatos de conducta que se mantienen estables en el tiempo, es decir, se presentan como una herramienta estática, las cuales no han sido tradicionalmente las más eficientes en la solución de problemas modernos, en razón de la inamovilidad buscada por el legislador al crearlas.
Si bien es cierto, la complejidad en estos macrosistemas tiene ribetes de complejidad dinámica en el marco planteado por Peter Senge (Senge, Roberts, Ross, Smith, & Kleiner, 2012), no es menos cierto que cualquier intervención con el ánimo de mitigar las externalidades negativas producidas por las empresas en sus procesos productivos implica necesariamente un avance en contra de la desidia que muchas corporaciones aplican en la actualidad.
Siguiendo la teoría de la regulación, ésta funcionaría como un proceso de autoajuste del capitalismo a fin de superar las crisis que atentan contra el modelo (Mollo & Maroscia, 2012). Ajuste que surge desde la organización misma en la búsqueda de mitigar los riesgos derivados de su actividad, mejorando su inserción en el sistema social en donde se desenvuelven.
Como lo ha expresado Singh con claridad: «El éxito a largo plazo de una corporación depende de manejar eficientemente las expectativas de las partes interesadas. Estas tienen el poder de imponer directa o indirectamente sanciones, o, alternativamente, recompensas a una compañía por sus servicios y su conducta ética. Las compañías que eligen ignorar sus obligaciones sociales y legales, pueden enfrentar reacciones violentas que reduzcan su productividad, incluyendo fuertes multas» (Singh & Bussen, 2015, p. 39). Por tanto, es dable concluir que la articulación de un programa de cumplimiento eficiente, en coherencia con el plan de responsabilidad social de la organización, permite anticipar riesgos propios de la actividad empresarial, mitigándolos en forma consecuencial. De tal manera, la elaboración de planes de trabajo coordinados permite una mejor administración de los costos de la compañía, aminorando los riesgos de contingencias derivados de la operación.
Al buscar estándares que sirvan de base para la extracción de estos criterios, es posible utilizar ciertos principios internacionalmente aceptados, tales como la noción de responsabilidad, transparencia y justicia, en los que se basan tanto las leyes como los estándares internacionales (Singh & Bussen, 2015).