Evaluación Unidad III Curso Introductorio al Compliance

1.Respecto a las consideraciones  previas sobre la Responsabilidad de las Personas Jurídicas es incorrecto afirmar:

I. El problema de la adjudicación de responsabilidad en ilícitos generados al interior de una empresa, se soluciona; aplicando sanciones pecuniarias a la corporación; y con sanciones a sus directivos principales basadas en el deber de cuidado.
II. El problema de la generación de responsabilidad colectiva en las empresas, desde el punto de vista de la gestación de estas decisiones, se soluciona entendiendo su origen en la teoría organizacional de la administración empresarial.
III. El dilema de la generación de decisiones al interior de una persona jurídica, surge cuando un individuo aplica una decisión programada a un estímulo distinto a aquel que generó la creación de dicha respuesta.
IV. En Chile a diferencia del derecho comparado, no se observa la disminución paulatina que ha sufrido la protección a la responsabilidad limitada de las empresas.

2. La Ley N° 20.393 sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas estableció, por primera vez en Chile, la posibilidad de que las personas jurídicas respondan criminalmente, por los actos de ciertos individuos o personas naturales vinculadas a aquellas, cuando éstos cometan determinados delitos en su beneficio.

3. Respecto de los delitos incorporado originalmente por la Ley Nº 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, es correcto señalar:

I. Son el lavado de activos,  financiamiento del terrorismo, cohecho a empleado público nacional o a funcionario público extranjero  y  receptación.
II. El delito de receptación fue agregado mediante la Ley Nº 20.931 del 5 de julio de 2016, pero aun así se considera por la doctrina de los que originalmente consideró la Ley Nº 20.393.
III. Son el lavado de activos,  financiamiento del terrorismo y cohecho a empleado público nacional o a funcionario público extranjero.
IV. El delito de lavado de activos fue agregado mediante la Ley Nº 20.931 del 5 de julio de 2016, pero aun así se considera por la doctrina de los que originalmente consideró la Ley Nº 20.393.

4. Respecto al delito de Lavado de activos, es correcto señalar:

I. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.
II. El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 27 de la Ley N° 19.913.
III. Busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.
IV. El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 17 de la Ley N° 19.000.

5. Respecto del delito de financiamiento del terrorismo. Para que un acto constituya delito, no será necesario que los fondos se hayan usado efectivamente en un delito terrorista, sino sólo que tuvieran ese fin.

6. Respecto del delito de cohecho es correcto señalar:

I. Puede implicar tanto la conducta activa o pasiva del sujeto que lo comete.
II. Para efectos de la Ley Nº 20.393 y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sólo se considera el delito cometido por el sujeto que soborna al empleado o funcionario público, ya sea que le ofrece un soborno (cohecho activo) o consiente en darle el soborno que le solicita el empleado o funcionario público (cohecho pasivo).
III. El eje central de la definición legal es el desempeño de un cargo o función pública. Por lo tanto, quedan excluidos en la definición los funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
IV. En el caso del cohecho a funcionario público extranjero, será conocido por los tribunales chilenos, siempre y cuando sea realizado por un individuo chileno o un extranjero con residencia habitual en Chile.

7. Respecto de los delitos introducidos por la Ley Nº 21.121  que modifica el Código Penal y  la Ley de RPPJ (Ley Nº 20.393) es incorrecto afirmar:

I. Agrega 4 delitos que son: negociación incompatible,  corrupción entre privados, apropiación indebida  y administración desleal.
II. Agrega 4 delitos que son: falta de negociación compatible, corrupción entre privados, apropiación indebida  y administración fraudulenta.
III. El delito de negociación incompatible, implica que un empleado público, tiene interés en el contenido y/o resultado de cualquier clase de contrato u operación en que debiera intervenir en razón de su cargo.
IV. Si en un proceso de negociación entre dos empresas, el ejecutivo de la empresa A da dinero al ejecutivo de la empresa B para cerrar un contrato de suministro. Se configura el delito de negociación incompatible.

8. El delito de apropiación indebida, es un delito contra el patrimonio, el cual consiste en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse cuando esos bienes se encontraban legalmente en su posesión a través de otros títulos posesorios distintos de la propiedad. El sujeto debe poseer los bienes ajenos, como puede ser a través del depósito, la comisión o la administración, con la obligación de entregarlos o devolverlos a otra persona.

9. Respecto de la Ley Nº 21.132  que incorpora delitos de la Ley de Pesca y Acuicultura (Ley Nº 18.892) a la Ley de RPPJ (Ley Nº 20.393) es correcto señalar:

I. Incorpora los siguientes delitos: contaminación de aguas, Explotación de Recursos Vedados, Apropiación de Recursos Bentónico y Procesamiento, almacenamiento de productos escasos
II. Incorpora los siguientes delitos: contaminación de aguas, Explotación de Recursos Hidrobiológicos Vedados, Apropiación Indebida de Recursos Bentónico y Procesamiento, almacenamiento de productos escasos.
III. Por recursos bentónicos se entiende aquellos recursos que son formados por organismos que habitan en el fondo de los ecosistemas acuáticos. 
IV. El delito de Explotación de Recursos Hidrobiológicos Vedados solo tipifica el procesamiento, el apozamiento, la transformación, el transporte, la comercialización y el almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados.

10. Respecto de la Ley Nº 21.240 que incorpora delito a la Ley RPPJ (Ley Nº 20.393) es correcto señalar:

I. Sanciona a las personas que teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, lo obliguen a trabajar presencialmente cuando dicho subordinado se encuentre en las circunstancias previstas por ley.
II. La ley incorpora un nuevo delito que genera responsabilidad penal de las personas jurídicas, cumpliéndose los demás supuestos de imputación de la ley, pero no modifica el artículo 1° de la Ley Nº 20.393.
III. El tipo penal no requiere que el trabajador concurra al lugar o cumpla la instrucción del superior, bastando para configurar el delito, la orden para infringir los deberes. 
IV. Los trabajadores a los que no se les puede ordenar concurrir al trabajo son solo aquellos que estén en cuarentena territorial, salvo que sean trabajadores de un servicio esencial o de utilidad pública.

11. Respecto de la Ley Nº 21.227 que puede generar Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, es incorrecto señalar:

I. Incorpora el delito de obtención fraudulenta de subsidio de desempleo, modificando expresamente el artículo 1º de la Ley Nº 20.393.
II. Sanciona sólo a las personas naturales que por medios fraudulentos (simulación o engaño) obtuvieren complementos y/o prestaciones o un beneficio mayor al que correspondiere.
III. La norma establece como sanción las contempladas en la Ley Nº 20.393 para los simples delitos.
IV. Contempla sanciones distintas a las contempladas en la Ley Nº 20.393 para los simples delitos.

12. Respecto a la aplicación de la Ley Nº 20.393, es correcto señalar:

I. Se deja atrás el principio societas delinquere non potest (Una sociedad no puede delinquir) que imperaba en el ordenamiento jurídico chileno.
II. Uno de sus argumentos político criminal, es la existencia de una irresponsabilidad organizada de sujetos individuales que actuaban bajo el paraguas jurídico de la persona jurídica.
III. La Ley establece expresamente que las personas jurídicas son penalmente responsables, lo que quita la existencia de opiniones críticas sobre una auténtica responsabilidad penal de las personas jurídicas
IV. Entre los Casos en que se discute la responsabilidad de las personas jurídicas y la aplicación de la Ley Nº 20.393 se encuentran: el caso Ceresita, el Caso Asevertrans y el caso Pehuenche.

13. Respecto a los requisitos que deben concurrir para que se configure la responsabilidad penal según la Ley Nº 20.393, es incorrecto señalar:

I. Que el delito haya sido cometido estrictamente por los dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o por quienes realicen actividades de administración y supervisión.
II. Que los delitos hayan sido cometidos solo directamente en interés de la persona jurídica o en su provecho.
III. Que la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento, por parte de la persona jurídica, de los deberes de dirección y supervisión.
IV. Del análisis jurisprudencial chileno, se puede concluir que los  tribunales han invocado, fundamentado y aplicado estrictamente los requisitos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, sin mayores inconvenientes.

14. Respecto a la aplicación que realizan los tribunales chilenos de la Ley Nº 20.393, es correcto señalar:

I. La jurisprudencia chilena, al condenar a las personas jurídicas, no ha hecho referencia alguna al principio de culpabilidad entendido como el mismo que se aplica a las personas naturales ni tampoco entendiéndolo como un concepto analógico de culpabilidad.
II. En Caso Asevertrans el tribunal decidió absolver a la empresa por infracción del principio non bis in idem (La prohibición de que una misma persona sea juzgada y/o sancionada dos veces por un mismo hecho)
III. La motivación de las sentencias es una expresión más del debido proceso manifestado en el derecho de las partes a que el tribunal razone, fundamente e interprete el derecho.
IV. Respecto a las penas que se han aplicado en Chile a las personas jurídicas, de los seis casos en estudio, en ninguno de ellos hubo condena a la persona jurídica.

15. Siguiendo a Bacigalupo, la disolución de la persona jurídica o cancelación de su personalidad jurídica no constituye la consecuencia más grave aplicable a un ente corporativo, ya que, como bien se ha señalado, a diferencia de otros países, en Chile no supone la «muerte civil» de la misma.

16. Respecto a las sanciones establecidas por la Ley Nº 20.393, específicamente a la disolución de la persona jurídica es correcto afirmar:

I. Dadas sus consecuencias la aplicación de esta pena debería imponerse para hipótesis en las cuales la propia organización sea utilizada para fines ilícitos.
II. Implica concluir toda actividad de la persona jurídica, salvo aquellas que fueren indispensables para el éxito de la liquidación.
III. Es una sanción legal, que no necesariamente haga exigible la liquidación de empresa.
IV. Implica repartir los bienes remanentes entre los accionistas, socios, dueños o propietarios, a prorrata de sus respectivas participaciones.

17. Respecto a las sanciones establecidas por la Ley Nº 20.393, específicamente la Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con el Estado, es correcto señalar:

I. Supone una prohibición de realizar determinadas actividades funcionales, operaciones o negocios específicos y supone ciertamente una reducción de la capacidad societaria de la persona jurídica.
II. No afecta todas las actividades de una empresa, sino sólo a aquellas que guarden relación estrecha con el delito cometido.
III. La determinación de esta pena puede ser una prohibición temporal o perpetua.
IV. La duración  de la pena se puede extenderse desde uno a seis años.

18. Respecto a las sanciones establecidas por la Ley Nº 20.393, específicamente la Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los mismos por un período determinado, es incorrecto señalar:

I. Se orienta en la relación existente entre las empresas y el Estado. Si las primeras incurren en un aprovechamiento distorsionado de beneficios, el segundo decidirá negarle la oportunidad de beneficios.
II. Contempla la graduación de la pena de acuerdo a los grados mínimo, medio y máximo, este último implica la pérdida del sesenta  y uno al cien por ciento del beneficio fiscal.
III. En caso que la persona jurídica no sea acreedora de beneficios fiscales, se podrá aplicar como sanción la prohibición absoluta de percibirlos por un período de entre uno y cinco años.
IV. La problemática que presenta la aplicación de esta sanción, es la ley no entrega  un concepto expreso de beneficio fiscal.

19. Sanción de multa a beneficio fiscal constituye, dentro de los ordenamientos jurídicos que reconocen la plena responsabilidad de las personas jurídicas y en el campo propio de los ilícitos económicos, la herramienta utilizada por antonomasia y de principal aplicación para las personas jurídicas.

20. Respecto a las sanciones establecidas por la Ley Nº 20.393, específicamente las Penas accesorias, es correcto señalar:

I. Son penas accesorias; la publicación de extracto de sentencia; comiso, y entero en arcas fiscales de cantidad equivalente a inversión de recursos superiores a los ingresos que la persona jurídica genera.
II. La finalidad de la publicación de la sentencia condenatoria puede ser preventiva general o bien reparatoria.
III. El comiso o confiscación es una sanción correspondiente a un juicio de reprobación, y recae no sobre la cosa obtenida ilícitamente, sino sobre otro objeto posterior.
IV. La aplicación de la pena accesoria de entero en arcas fiscales de cantidad equivalente a inversión de recursos superiores a los ingresos que la persona jurídica genera, requiere de un estudio contable adecuado efectuado por profesionales idóneos nombrados al efecto por el juez.