1.6.1 Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
Desde el surgimiento de la empresa como factor de la producción tras la Revolución Industrial, el concepto de management ha evolucionado desde una función directiva y orientadora del quehacer de los trabajadores, hacia una visión inspiradora de las aptitudes existentes en la organización a través de la gestión del talento humano.
Las empresas no han podido quedar ajenas al hecho de que su existencia influye a los diversos agentes con los que interactúan, desde aquellos con los que mantienen una relación contractual directa, como es el caso de los trabajadores, proveedores y consumidores, hasta la comunidad dentro de la que se insertan para el desarrollo de sus actividades, incorporándose en su meta-realidad (Ardiles, 2012).
Así, las organizaciones empresariales están llamadas a incorporar políticas, planes o acciones concretas, estableciendo compromisos voluntarios que impliquen un reconocimiento a sus grupos de interés. En este contexto se define la responsabilidad social corporativa como: «… el compromiso continuo de una organización con todas las partes interesadas que impactan y reciben impacto, a fin de producir un efecto positivo en lo económico, social y ambiental» (Singh & Bussen, 2015, p. 40).
Destaca la perspectiva sistémico-social con el que debemos realizar el análisis de las organizaciones, porque, de tomar una perspectiva que la aísle, muchos riesgos reputacionales pasarían desapercibidos en la elaboración de la matriz de riesgo dentro del proceso de compliance.
Desde la perspectiva de la responsabilidad social corporativa, es necesario considerar la incidencia que tiene la compañía en grupos de interés, dentro de los cuales se consideran: accionistas, trabajadores, consumidores, proveedores, comunidad.
Pero desde el punto de vista de la ética jurídica resulta necesario incorporar a otros actores con el fin de analizar el comportamiento de la organización, normando la forma de toma de decisiones respecto de ellos, donde es posible considerar a aliados estratégicos de competencia directa, y el regulador estatal o privado, ambos actores relevantes para efectos de la elaboración de una política de compliance, al corresponder a áreas profesionalmente reguladas por el ordenamiento jurídico.
Todos estos actores serán relevantes a la hora de determinar los mapas de riesgo de la institución, considerando la planificación estratégica organizacional, el proceso productivo, externalidades resultantes de dicho proceso y las expectativas de resultado de los diversos sujetos involucrados.
Mediante este análisis, la administración deberá definir una estrategia a implementar para lograr los objetivos de la empresa en respeto de su misión y visión corporativa, ya que dichos elementos se constituyen como la primera regulación de una compañía.
Para la visión tradicional de empresa, las relaciones de éstas con su entorno se convierten en vínculos difusos, que se explicitan en la medida que existe una obligación legal o contractual que delimita las obligaciones de la compañía con respecto a sus contrapartes. Aun cuando el mercado ha ido evolucionando como lugar de intercambio de bienes y servicios cada vez más sofisticados, las relaciones jurídicas que envuelven a las empresas también se han hecho más exigentes con el tiempo (Juppet, enero, 2015).
Los consumidores han pasado de ser meros receptores de bienes y servicios a convertirse en agentes involucrados en el proceso de gestación de dichas prestaciones. Asimismo, la comunidad que sólo se involucraba en los procesos productivos mediante la entrega de fuerza laboral, cada día se convierte en un actor más relevante, obstaculizando incluso la realización de proyectos empresariales que cumplen cabalmente con la normativa nacional, como es posible observar después de proyectos fracasados como el caso de Agrosuper en el pueblo de Freirina, y el proyecto energético Hidroaysén.
De tal manera, al momento de planificar la implementación de una estrategia, las organizaciones analizan factores que les resultan propios, y no replicables en relación con otras instituciones. Es importante considerar que los actos de una organización afectan directamente a la comunidad en la cual se encuentra inserta, y, por tanto, resulta importante la consideración de los cambios sociales para poder proyectar las consecuencias que sus estrategias podrán generar con el paso del tiempo, comprendiendo que en razón de dichos cambios pueden perder vigencia con bastante rapidez, lo que redunda en la necesidad de dotar a las empresas de una capacidad de pronta reacción ante los estímulos del medio (Agulló, 1999).
Esta capacidad de reacción sistémica a los requerimientos del entorno es lo que Cubillos denomina inteligencia empresarial, entendiendo por tal: «… aquel conjunto de capacidades propias o movilizables por una entidad lucrativa, destinadas a asegurar el acceso, capturar, interpretar y preparar conocimiento e información con alto valor agregado para apoyar la toma de decisiones requeridas por el diseño y ejecución de su estrategia competitiva» (Cubillos, 1997, p. 261).
Comprendiendo a la empresa como una organización que se encuadra dentro de una perspectiva sistémica, dentro de ella surgen una serie de variables interdependientes entre sí, que van ejerciendo su influencia sobre el sistema en su totalidad, de tal manera, la afectación de cualquiera de sus variables afecta al todo (Pereda Marín & Berrocal Berrocal, 1999). En este contexto, la empresa se entiende como sistema abierto por la constante interrelación con el medio en el cual se desenvuelve.
Partiendo de la base de que la empresa se inserta en la meta-realidad que implica incorporar las necesidades de la comunidad en su planificación estratégica, desde esa perspectiva, surge con particular importancia la modificación a la norma general Nº 341 de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión del Mercado Financiero (CMF), mediante la norma Nº 385 de 8 de junio de 2015, la cual incorpora la obligación de informar respecto de la política de responsabilidad social acordada por el Directorio de la Sociedad.
Esta solicitud se enmarca en la necesidad creciente de generar una sincronía entre la empresa y su entorno, propiciando la gestación de una política relativa al tema, y, a la vez, fomentando su divulgación.