1.1.6. Aplicación, Exclusión, Condiciones, Ley 19.886 y Reglamento

a) Aplicación de la Ley 19.886 y Reglamento:

Se aplica a Contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones”.

b) Exclusión de la Aplicación de la Ley 19.886 (Art. 3):

• Las contrataciones de personal de la Administración del Estado reguladas por estatutos especiales y los contratos a honorarios que se celebren con personas naturales para que presten servicios a los organismos públicos, cualquiera que sea la fuente legal en que se sustenten.

• Los convenios que celebren entre sí los organismos públicos enumerados en el artículo 2º, inciso primero, del decreto ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y sus modificaciones.

• Los contratos efectuados de acuerdo con el procedimiento específico de un organismo internacional, asociados a créditos o aportes que éste otorgue.

• Los contratos relacionados con la compraventa y la transferencia de valores negociables o de otros instrumentos financieros.

• Los contratos relacionados con la ejecución y concesión de obras públicas.

Asimismo, quedan excluidos de la aplicación de esta ley, los contratos de obra que celebren los Servicios de Vivienda y Urbanización para el cumplimiento de sus fines, como asimismo los contratos destinados a la ejecución, operación y mantención de obras urbanas, con participación de terceros, que suscriban de conformidad a la ley Nº 19.865 que aprueba el Sistema de Financiamiento Urbano Compartido.

No obstante las exclusiones de que se da cuenta en esta letra, a las contrataciones a que ellos se refieren se les aplicará la normativa contenida en el Capítulo V de esta ley, como, asimismo, el resto de sus disposiciones en forma supletoria.

• Los contratos que versen sobre material de guerra; los celebrados en virtud de las leyes números 7.144, 13.196 y sus modificaciones; y, los que se celebren para la adquisición de las siguientes especies por parte de las Fuerzas Armadas o por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública: vehículos de uso militar o policial, excluidas las camionetas, automóviles y buses; equipos y sistemas de información de tecnología avanzada y emergente, utilizados exclusivamente para sistemas de comando, de control, de comunicaciones, computacionales y de inteligencia; elementos o partes para la fabricación, integración, mantenimiento, reparación, mejoramiento o armaduría de armamentos, sus repuestos, combustibles y lubricantes.

Asimismo, se exceptuarán las contrataciones sobre bienes y servicios necesarios para prevenir riesgos excepcionales a la seguridad nacional o a la seguridad pública, calificados por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional a proposición del  Comandante en Jefe que corresponda o, en su caso, del General Director de Carabineros o del Director de Investigaciones.

c) Exclusión del Sistema (Art. 53 del Reglamento):

Podrán efectuarse fuera del sistema de información:

• Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM.

• Las contrataciones directas, inferiores a 100 UTM, con cargo a los recursos destinados a operaciones menores (caja chica), siempre que el monto total de dichos recursos haya sido aprobado por resolución fundada y se ajuste a las instrucciones presupuestarias correspondientes.

• Las contrataciones que se financien con gastos de representación, en conformidad a la Ley de Presupuestos respectiva y a sus instrucciones presupuestarias. Con todo, las contrataciones señaladas precedentemente podrán efectuarse de manera voluntaria a través del Sistema de Información.

• Los pagos por concepto de gastos comunes o consumos básicos de agua potable, electricidad, gas de cañería u otros similares, respecto de los cuales no existan alternativas o sustitutos razonables.

d) Condiciones Generales para la Contratación de Productos o Servicios:

• Acceder a productos y servicios disponibles en Convenio Marco como primera opción.
• Contar con presupuesto para la compra, mediante certificado de disponibilidad presupuestaria, emitido por la Autoridad que corresponda.

• Si el producto o servicio no se encuentra en convenio marco o no resulta conveniente para el comprador, debe realizar una licitación pública, a menos que exista una causal que permita otra modalidad de contratación. En cualquier caso debe quedar constancia de ello en una Resolución fundada, que aprueba el mecanismo de compra a utilizar.

• .Al momento de la contratación, quienes participen deben encontrarse habilitados como proveedores del Estado.

• Sólo por causales excepcionales y establecidas en la Ley, se pueden realizar tratos directos.

• La contratación indebidamente fundada en una o más causales de trato directo, generará las responsabilidades administrativas, que de acuerdo a la legislación vigente, pudieran corresponder.

• Con el fin de promover la participación de pequeños empresarios y personas naturales que desean contratar con organismos del Estado, los proveedores podrán asociarse bajo el concepto de Unión Temporal de Proveedores (dos o más) en los términos establecidos en el Art .67 bis del Reglamento de Compras Públicas.

e) Situación de Inhabilidad de Proveedores para Contratar con el Estado:

Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal. (Art .4, ley 19.886):

• Proveedores inhabilitados por condenas de acuerdo a la ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Se aplica a proveedores condenados por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho (art.10, ley 20.393).

• Proveedores inhabilitados por condenas por delitos concursales, según la nueva ley de quiebras (Art. 401, Ley 20.720), dentro de los dos años anteriores al momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.